La medida se hizo efectiva mediante el Decreto 787\/2025, publicado este martes, que deroga el DNU 2417\/1993, el cual exig\u00eda que tanto aquellas instituciones que contaran con contribuciones estatales como las que no sean autorizadas a modificar el valor de los aranceles.<\/p>\n
El Gobierno desregul\u00f3 las cuotas de los colegios privados: ahora podr\u00e1n fijarse sin autorizaci\u00f3n del Estado. La normativa se public\u00f3 este martes en el Bolet\u00edn Oficial a trav\u00e9s del Decreto 787\/2025, publicado este martes en el Bolet\u00edn Oficial.<\/p>\n
De esta manera, se derog\u00f3 el decreto 2417\/1993, el cual durante m\u00e1s d\u00e9cadas regul\u00f3 la relaci\u00f3n entre los establecimientos privados y el Estado en lo que tiene que ver con cuotas, matr\u00edculas y sus aumentos correspondientes.<\/p>\n
La decisi\u00f3n elimina la obligaci\u00f3n de informar anticipadamente los montos y de solicitar autorizaci\u00f3n previa para aplicar modificaciones.<\/p>\n
Dentro de los considerandos, el Gobierno explica que la norma derogada “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptaci\u00f3n de los institutos de ense\u00f1anza p\u00fablica de gesti\u00f3n privada a las realidades educativas y econ\u00f3micas del pa\u00eds”.<\/p>\n
Entre los argumentos centrales, el decreto sostiene que la intervenci\u00f3n estatal en la fijaci\u00f3n de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad econ\u00f3mica” de los colegios. En particular, advierte que la exigencia de informar y autorizar los valores de matr\u00edcula y cuotas con anticipaci\u00f3n “limita la capacidad de adaptaci\u00f3n a las fluctuaciones del mercado, impidiendo ajustar los precios seg\u00fan la realidad econ\u00f3mica y los costos operativos”.<\/p>\n
El Gobierno tambi\u00e9n argumenta que este mecanismo de control “termina perjudicando a las familias”, ya que los institutos suelen fijar aranceles m\u00e1s elevados al inicio del ciclo lectivo por temor a futuros aumentos de costos no autorizados, lo que “reduce las posibilidades de elecci\u00f3n de los padres y, en algunos casos, los obliga a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.<\/p>\n
El texto tambi\u00e9n invoca el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deber\u00edan tener la libertad de establecer sus condiciones de contrataci\u00f3n y los salarios de su personal sin necesidad de aprobaci\u00f3n estatal”. Seg\u00fan la visi\u00f3n oficial, la rigidez impuesta por las tarifas reguladas “puede derivar en una p\u00e9rdida de calidad educativa, ya que los establecimientos no pueden responder a tiempo a variaciones en los costos de insumos, salarios y gastos operativos”.<\/p>\n
En consecuencia, el Gobierno instruy\u00f3 al Ministerio de Capital Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n, a revisar las disposiciones del Decreto 2542\/1991, considerado la norma base del sistema de financiamiento de la educaci\u00f3n privada, y a elevar una propuesta de actualizaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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