La reunión del Consejo del Salario terminó sin acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno. De cuánto es la diferencia entre las partes.
La discusión por el salario mínimo dejó en evidencia las distancias que separan hoy a sindicatos, empresarios y Gobierno a la hora de fijar un número que impacta de manera directa en los ingresos de los sectores más postergados del mercado laboral. La reunión que debía definir la próxima actualización del piso salarial terminó sin acuerdo entre las partes, en un esquema que desde hace más de dos años queda, en la práctica, en manos de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es el piso salarial que debe percibir un trabajador por una jornada legal completa y funciona además como referencia para la actualización de programas sociales, prestaciones y subsidios. En agosto, el monto vigente asciende a $376.600, luego de un incremento de 1,13% respecto de julio, un ajuste que quedó muy por debajo de la inflación del mes, que fue de 2,1 por ciento. Ese cronograma de subas había sido definido en diciembre de 2025, cuando el Consejo del Salario tampoco logró un consenso entre las partes.
Para actualizar ese piso de cara a los próximos meses, el Gobierno convocó este viernes a una nueva sesión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el organismo tripartito donde participan representantes del Estado, los sindicatos y las cámaras empresariales. El encuentro se desarrolló de manera virtual, en medio del reclamo sindical de que la discusión fuera presencial, y terminó con la salida anticipada de la CGT y las dos CTA antes de que se realizara la reunión plenaria.
Qué pidieron los gremios
En la comisión técnica, las tres centrales obreras presentaron una propuesta conjunta que ubicaba el salario mínimo en $911.000 para julio y en $993.000 para diciembre. El planteo sindical tomó como referencia el valor de la canasta básica familiar, que hoy se ubica en $1.564.716, aunque los propios dirigentes admitieron que ese monto sería inaceptable para el Gobierno.
El cotitular de la CGT Jorge Sola, del gremio de Seguros, calificó de insuficiente la oferta que recibieron del sector empresarial y sostuvo que lo ofrecido no alcanzaba siquiera para comprar un kilo de pan. En la misma línea se expresó Cristian Jerónimo, cotitular cegetista del sindicato de empleados del vidrio, quien anticipó que el sector sindical no convalidará la propuesta empresarial ni participará del plenario que debía darle quórum a la decisión.
Además de la discusión por el monto, los gremios reclamaron que se reactivaran las otras comisiones del Consejo del Salario, las de Formación Profesional, Empleo y Productividad, con el argumento de que esos espacios son necesarios para discutir la situación del empleo en el país
La oferta empresarial
Del otro lado de la mesa, el sector empresarial, integrado en el Consejo por la Unión Industrial Argentina (UIA) junto a otras entidades como la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cámaras de los sectores hotelero, gastronómico y agrario, presentó una propuesta de incrementos escalonados y mucho más acotados que la sindical.
La oferta contemplaba una suba de 1,8% para septiembre y de 1,7% mensual desde octubre hasta abril del año próximo, un esquema que llevaría el salario mínimo recién a $468.000 en abril de 2027. Esa cifra fue la que generó mayor rechazo entre los dirigentes gremiales, que consideraron irrisoria la diferencia entre ambas posturas.
Cómo se define el salario mínimo
El mecanismo de actualización del SMVM está a cargo del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que reúne a representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores. En la instancia técnica, cada sector presenta su propuesta de incremento y, si las partes logran consenso, ese acuerdo pasa a la reunión plenaria para su ratificación.
Cuando no hay consenso, la definición puede resolverse por votación entre los integrantes del Consejo o, en caso de que tampoco allí se alcance una mayoría, queda en manos de la Secretaría de Trabajo, que fija el aumento mediante una resolución. Ese fue el mecanismo utilizado en la última actualización, el 26 de noviembre pasado, cuando el Poder Ejecutivo estableció por decreto una serie de aumentos escalonados que llevaron el salario mínimo de $334.800 en su primer tramo hasta el valor actual de $376.600.
En paralelo a esta discusión, la Secretaría de Trabajo impulsa un concepto distinto al del SMVM: un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto, que buscaría incorporarse como cláusula en los convenios colectivos de trabajo. La idea oficial es que, si un trabajador cumple una jornada completa de ocho horas y su remuneración, sumados adicionales y premios, no alcanza ese piso, la empresa deba completar la diferencia. El esquema no reemplazaría la pauta de las paritarias, que seguirían con topes de 2% mensual más bonos adicionales, y ya comenzó a transmitirse a sectores con salarios bajos como Maestranza, la UOCRA y Sanidad.
El deterioro de fondo que explica la tensión entre ambas posiciones se refleja en la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet (IIEP), el poder de compra del SMVM cayó 0,8% en términos reales en julio, con lo que acumuló trece meses consecutivos de retroceso. Desde noviembre de 2023, la pérdida acumulada llega a 40,5% en términos reales, un derrumbe que ubica el valor actual del salario mínimo por debajo del nivel que tenía en 2001, antes del colapso de la convertibilidad. De acuerdo con el mismo estudio, el deterioro representa una erosión del 67% respecto del máximo histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011, lo que deja al salario mínimo actual en apenas un tercio de aquel valor.
