El Gobierno definió el cronograma legislativo para avanzar con la reforma del Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados. El proyecto cuenta con los apoyos necesarios en comisiones y prevé cambios clave en el sistema de punibilidad.
El oficialismo avanzó esta semana en la Cámara de Diputados con la organización del tratamiento de la reforma del Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la fijación de una nueva edad mínima de imputabilidad. El cronograma parlamentario establece que el miércoles 11 de febrero se realizará el plenario de comisiones para la firma del dictamen y que el jueves 12 el proyecto será llevado al recinto con el objetivo de obtener media sanción.
El debate se desarrollará en las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. En ese marco, el oficialismo cuenta con una base de 48 firmas propias y el acompañamiento de al menos diez diputados aliados, número suficiente para alcanzar el dictamen de mayoría requerido.
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima de punibilidad, consenso alcanzado entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Además, establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, reduciendo el tope anterior de 20 años.
El proyecto determina que la privación de la libertad será aplicada como último recurso y prioriza la utilización de penas alternativas. Entre ellas se incluyen la amonestación, los servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la prohibición de acercamiento a la víctima, la reparación del daño y restricciones de circulación o conducción. Estas medidas podrán reemplazar la prisión en delitos de menor gravedad, bajo determinadas condiciones procesales.
La reforma también contempla la creación de institutos especiales para menores condenados, con garantías de acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones. El personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia y quedará prohibida la convivencia con detenidos mayores de edad.
En materia presupuestaria, el texto prevé la incorporación de un apartado específico de financiamiento. El esquema habilita a las provincias a firmar convenios con la Nación para cubrir el costo adicional que implique la implementación del nuevo régimen.
