Los productores agropecuarios se reunieron con la Policía y diagramaron un trabajo en conjunto. Desde la fuerza se está elaborando el nuevo mapa del delito tras nueva información de los damnificados. Esperan mayor protagonismo de la Justicia.
Luego de casi dos semanas de denuncias públicas y policiales de productores ganaderos sobre numerosos casos de cuatrerismo y abigeato en la zona rural de San Roque y pueblos aledaños, la cúpula local de la Policía Rural y Ecológica fue desplazada completamente por el propio director general. Pese a todo el trabajo de investigación policial que se hizo, la causa no avanzó y los pequeños ganaderos apuntan a la “llamativa pasividad” del fiscal rural José Omar Caseré, quien tenía conocimiento de al menos unas 30 denuncias, pero ninguna de ellas llegó a producir un solo allanamiento hasta que los casos se hicieron públicos, cuando ordenó la misma noche a la Policía a movilizarse en dos lugares puntuales.
El comisario Mauricio Romero, de dilatada trayectoria, expediente intachable y conocimiento pleno del trabajo de la Policía Rural, fue el ungido para comandar el PRIAR de San Roque. El acto de toma de posesión se llevó a cabo ayer a pesar de la lluvia, en la dependencia de la fuerza y participó el propio comisario general Gerardo Torres, jefe de esa fuerza, quien personalmente supervisa la investigación interna abierta contra algunos subalternos tras las denuncia de los productores.
Cabe señalar que a comienzos de la semana pasada, Torres y parte de su plana mayor del PRIAR llegaron hasta San Roque y se reunieron con productores pecuarios damnificados por los embates de bandas de cuatreros que operan en aquella zona. Todos señalaron a quien consideran la cabeza de la banda criminal, pero pese a las redadas donde se hallaron restos de animales cuatrereados, más de 150 kilos de carne ilegal, un matadero ilegal y hasta imágenes de video que mostrarían cómo operaba la banda, solo dos sujetos de segunda línea dentro de la banda quedaron demorados e inculpados. Más extraño fue que el dueño de la carnicería y el matadero ilegal donde hallaron toda la evidencia nunca fue demorado ni se clausuró el comercio donde comercializaban la carne cuatrereada. Los productores apuntan ahora a la extraña “pasividad judicial” en torno a las múltiples denuncias.
Según revelaron las fuentes hay cerca de 30 denuncias que no prosperaron ante la Justicia. “O no llegaron al fiscal o este no hizo nada para resolver los delitos. Habrá que llegar hasta el fiscal general Cesar Sotelo para ponerlo en conocimiento de lo que está sucediendo con las causas”, dijeron los ganaderos afectados.
