Ayer, en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas, el Ministerio Público Fiscal de la Nación presentó un balance sobre los avances y acciones realizadas desde la sanción de la Ley 26.364, vigente desde hace 17 años, que establece la prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas.
Según ese informe, desde la entrada en vigor de esta normativa en 2008, se registraron 542 sentencias en el fuero federal y ocho acuerdos conciliatorios, que derivaron en condenas a 1.043 personas. Estas causas involucraron a un total de 2.560 víctimas, la mayoría mujeres (79%), seguidas por hombres (20,5%) y personas trans (0,5%).
El perfil de los condenados revela que el 77,8% son ciudadanos argentinos, con una preponderancia masculina que alcanza el 64,2%, lo que refleja las dinámicas delictivas asociadas a estas redes criminales.
Este balance también puso en evidencia los desafíos que persisten para mejorar la prevención y la atención a las víctimas. La trata de personas es un delito complejo que requiere de la cooperación entre diferentes organismos públicos, la sociedad civil y la comunidad internacional para poder avanzar en su erradicación.
El Ministerio Público Fiscal destacó la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas de protección integral para las víctimas, que a menudo enfrentan situaciones de vulnerabilidad y riesgo social, además de la explotación sufrida.
Se enfatizó la importancia de garantizar el acceso a la justicia, el acompañamiento psicológico y social, y programas de reinserción que permitan a las víctimas reconstruir sus vidas. Asimismo, las autoridades subrayaron el rol fundamental de la concientización pública y la educación para prevenir la trata, además de la capacitación constante de las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales.
El informe presentado en esa fecha tan especial renueva el compromiso institucional y social de mantener la lucha contra la trata como una prioridad en la agenda de derechos humanos y políticas de Estado.
Pastoral con compromiso
Sobre esta preocupante temática fue consultado por época el arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain, quien dentro de la Comisión Episcopal Argentina (CEA) tiene a su cargo la Comisión de Migrantes e Itinerantes, en cuyos ejes de trabajo, la problemática de la trata de personas es uno de los tópicos centrales.
Al respecto, el prelado del Taragüí hizo referencia a la labor realizada en el país por la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas, conocida como la Red Clamor.
“Es un espacio animado con trabajo en red de distintas organizaciones católicas. Es muy importante el compromiso de la Iglesia y de distintas instituciones para poder trabajar juntos, poner dones, talentos, capacidades, entrega, generosidad, para prevenir sobre esta situación que es tan triste y dolorosa a nivel mundial, y de la que nuestro país lamentablemente no está exento”, especificó Larregain.
Enfoque eclesial
El Arzobispo correntino participará, desde hoy y hasta el mediodía del sábado, de una jornada integral promovida por la Red Clamor para abordar y analizar esta temática. En ese contexto, Larregain se hizo eco de un comunicado que la citada Red difundió en Argentina en el que renovó su compromiso en la lucha contra este delito que vulnera gravemente los derechos humanos y exige una acción fraterna y articulada de toda la sociedad.
El llamado es claro: “Formémonos ante esta verdad, trabajemos en la prevención; denunciemos cualquier situación sospechosa; acompañemos a quienes necesiten ayuda; actuemos juntos para apoyar a las víctimas”.
El mensaje advierte sobre las estructuras sociales, políticas y económicas injustas que generan las condiciones para que la trata prospere. La miseria, la desigualdad y la falta de oportunidades actúan como caldo de cultivo para la explotación en todas sus formas. Por ello, el reclamo es urgente: “Hagamos hincapié en garantizar los derechos en nuestra Patria con profesionalismo y empatía, destacando la justicia oportuna, con humanidad y cordialidad hacia la víctima”.
La atención integral a las personas rescatadas también es prioridad. Expresaron que es necesario brindarles acompañamiento en la reinserción social y laboral, el acceso a viviendas dignas, tratamientos médicos, asistencia psicológica y contención material. “Toda persona merece respeto en su dignidad, por ser imagen y semejanza de Dios y, por lo tanto, templo del Espíritu Santo”, subraya la misiva.
Desde esta perspectiva, el combate contra la trata no es solo una acción pastoral, sino una verdadera profesión de fe: “Es un acto de humanidad y religión cimentado en la esperanza. Es Dios actuando a través de nosotros y liberando a las víctimas, y trabajando para que otras no caigan en estas redes del mal. Es actuar en memoria de Jesús”, remarcaron.
Finalmente, se encomendaron a la Virgen María, “modelo de mujer valiente, para que acompañe esta misión de instaurar el Reino de Jesucristo en el mundo, reafirmando que la vida, la dignidad y la libertad de cada persona deben ser protegidas y garantizadas”, exclamaron.
