La fiscalía sostiene que el ex mandatario ultraderechista lideró una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.
La Corte Suprema de Brasil decidió que el ex presidente Jair Bolsonaro y siete presuntos cómplices vayan a juicio oral por el intento de golpe de Estado, un delito por el que podría llegar a ser condenado hasta 40 años de cárcel y complica sus aspiraciones políticas.
La fiscalía imputó al ex mandatario ultraderechista, de 70 años, por liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.
Los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) -Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin- ,votaron por unanimidad a favor de aceptar la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR).
Este miércoles, Bolsonaro no compareció en la corte en Brasilia. El líder de la oposición brasileña clama su inocencia y dice ser víctima de una “persecución política”.
Aunque inhabilitado políticamente, Bolsonaro mantiene su voluntad de aspirar volver a la presidencia en las elecciones de 2026, ante un Lula en caída de popularidad.
Los imputados por el intento de golpe de Estado de 2023 en Brasil son:
- Jair Bolsonaro, ex presidente de la República
- Alexandre Ramagem, ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia
- Almir Garnier, ex comandante de la Marina
- Anderson Torres, exministro de Justicia
- Augusto Heleno, ex ministro de la Oficina de Seguridad Institucional
- Mauro Cid, ex ayudante de campo de la Presidencia
- Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro de Defensa
- Braga Netto, ex ministro de la Casa Civil de Bolsonaro
Todos los acusados fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia por miles de bolsonaristas pocos días después de la toma de posesión de Lula en 2023.
El plan golpista dirigido supuestamente por Bolsonaro contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa” e incluso el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, según la fiscalía.
Qué dijeron los jueces de la Corte Suprema
De Moraes consideró que hay “materialidad” e “indicios razonables” en la acusación que presentó la Fiscalía señalando a Bolsonaro como líder de la trama golpista en la que figuran militares de alto rango y antiguos ministros del Gobierno del ultraderechista (2019-2022).
El juez sostuvo que “la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente electo” en un objetivo que “no se concretó” por “la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea las medidas de excepción”.
La jueza Cármen Lucía, única mujer del STF, citó a la historiadora Heloisa Starling cuando afirmó que “un golpe de Estado no se hace en un día” y dijo que este tipo de movimientos “no termina en una semana, ni en un mes”. Para ella, los actos golpistas fueron el resultado de un proceso largo y articulado y el “intento de matar la democracia es un hecho”.
Lucía recalcó que “el golpe no tuvo éxito, si no no estaríamos aquí”, pero dijo que es necesario reconstruir los hechos desde su origen y “llegar a esta maquinaria que intentó desmantelar la democracia”.
“La dictadura mata. La dictadura vive de la muerte, no solo de la sociedad y la democracia, sino de seres humanos de carne y hueso”, recalcó, mientras que “La democracia vive de la confianza de la sociedad en que es mejor vivir con los demás”.
