El Juzgado Civil y Comercial con competencia Administrativa de Curuzú Cuatiá hizo lugar a una medida cautelar peticionada por ediles para hacer saber al intendente de Perugorría, Juan Ramón Castellanos, “que resulta de aplicación inmediata la suspensión en el ejercicio de la función, debiendo apartarse del cargo de intendente, a partir de la notificación de la presente medida cautelar, en virtud de las sentencias penales citadas”, indicaron en el fallo.
La medida se basa en lo dispuesto por la carta Orgánica Municipal y la propia Constitución provincial. Y tiene que ver con que Castellanos posee causa con sentencia firma, dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) a principios de diciembre, pero hasta ahora resiste en el cargo. Para los concejales opositores, Castellanos está usurpándolo.
En tanto sus pares oficialistas, que son mayoría en el Concejo (3 de 5), votaron no sancionarlo en una sesión especial en la que se debió haberse formalizado el alejamiento del Jefe comunal por lo que dice la Carta Orgánica de manera imperativa y no como recomendación para que el Legislativo se expida por sí o no.
Ahora surgió la cautelar, dictada por la jueza Teresa Oria de Gauna, y avala los argumentos de los ediles que solicitaron la medida.
