El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que todas las áreas oficiales involucradas trabajan para poner en práctica durante diciembre varias medidas relacionadas con la Ley Nacional de Tránsito.
El Gobierno busca reglamentar antes de fin de año dos reformas del código de tránsito que están contempladas en la Ley Bases diseñada por Federico Sturzenegger, pero que todavía no se han implementado. Así lo confirmó el propio Ministro de Desregulación y transformación del Estado este jueves en una entrevista televisiva.
Se trata de dos modificaciones con impacto directo en los usuarios. Una a nivel personal, ya que se trata de la revocación del vencimiento de la licencia de conducir. La otra, referida a los vehículos, es la autorización legal para que el trámite de Verificación Técnica Vehicular (VTV o RTO según el tipo de vehículo), pueda hacerse en concesionarias oficiales o talleres autorizados por la Ley Nacional de Tránsito.
“Yo creo que vamos a llegar antes de fin de año con la revisión total del código de tránsito (Ley Nacional de Tránsito 24.449) para que algunas de estas cosas como la renovación de la licencia de conducir y la VTV”, dijo Sturzenegger al periodista Esteban Trebucq.
“La licencia de conducir tiene una duración y lo que nosotros vamos a hacer es decir que no es necesaria la presencialidad para su renovación. Por supuesto que es esencial que vos tengas que verificar tus aptitudes psicofísicas para conducir, y eso se podrá hacer sin tener que ir al Registro”, dijo el funcionario.
Sin embargo, Struzenegger agregó un dato que no es menor y que, tanto para la licencia de conducir como para la VTV, son un obstáculo que se pone frente a cambios de normativas como los que propone el Gobierno.
“Por supuesto que las provincias tienen que adherir a este cambio. Pasa lo mismo con la licencia como con la VTV. Se pretende que la Verificación técnica se pueda hacer en un concesionario, por eso lo vamos a incluir en la Ley de Tránsito. Pero las provincias tienen que adherir a la medida para que se pueda aplicar en cada jurisdicción. Entonces vamos a ver si en la provincia de Buenos Aires adhieren a la medida”, señaló.
“Nosotros vamos a dar el paraguas jurídico para que quien no quiera hacer de eso un negocio, pueda hacerlo. Este gobierno va a dar mucha libertar, y el votante va a poder ver qué gobernador toma esa libertad para sus habitantes, y quién se las niega”, explicó a continuación.
La Ley Nacional de Tránsito, efectivamente, funciona como una pirámide invertida, que en la parte alta tiene a las jurisdicciones municipales, luego a los estados provinciales y en la base, la parte más pequeña, a la ley nacional.
“Tiene que cambiarse la ley para que sea nacional y no federal. Mientras eso no cambie, este tipo de medidas pueden no ser muy efectivas porque aunque el gobierno nacional quiera impulsar una simplificación de procesos o normas, si los gobiernos provinciales y municipales no los adoptan, sólo permitirá que se compruebe que no tienen voluntad de hacerlo. Sería ideal hacer los procesos al revés. Primero cambiar el estatus de la ley para que sea nacional y no pueda modificarse por provincias y municipios, y después cambiar las normas individuales”, dijo Fabián Pons, especialista en Seguridad Vial.
Ambos temas fueron algunos de las reformas al sistema registral automotor y a la Ley Nacional de Tránsito que impulsó la diputada Patricia Vásquez (PRO) en dos proyectos de Ley que sin ser tratados en el período de sesiones ordinarias 2024, acaban de perder estado parlamentario a fines de noviembre.
“La ley Nacional de Tránsito, valga la redundancia, es una ley nacional. Como tal, dice en su artículo segundo que las provincias podrán, en forma excepcional, dictar ciertas normativas locales. Ese artículo fue modificado para darle un poco más de apertura a lo que puede disponer cada provincia o municipio. Lo cierto es que nuestro federalismo dice que es la provincia la que delega en la nación ciertas facultades. Entonces se reserva el poder de policía. Cuando pasa eso, se está reservando el derecho de control sobre su jurisdicción, y entonces puede decidir hacer una rotonda o cambiar el sentido de las calles. Esa es la única facultad que debe tener una provincia o municipio”, explicó la legisladora en una entrevista exclusiva.
“No puede ser que puedan fijar prescripciones distintas, cobrar multas, de disponer cómo y cuándo hay que renovar el registro de conducir. Todo eso tiene que ser nacional. Por eso, en mi proyecto de ley, yo le doy carácter de orden público a la Ley 24.449. Para que se dicte una emergencia en seguridad vial y las provincias puedan hacer lo que quieran”, concluyó.
