La Cámara Federal porteña ordenó la indagatoria y la captura de Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello, acusados de ser responsables de un “plan sistemático” gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones en su país.
La decisión fue tomada por el tribunal al unificar todas las causas radicadas en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el régimen de Maduro y luego de haber escuchado a un grupo de víctimas refugiadas en Argentina, que relataron en detalle tormentos y torturas.
Los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe habían elevado el pedido a la Cámara Federal porteña. La causa es impulsada por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens remarcaron que “en consideración de la gravedad y trascendencia de los hechos, pero especialmente, que se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha, a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina”.
La denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad fue presentada en enero de 2023 ante la Justicia Federal Argentina por el FADD, sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
Poco menos de dos años tuvieron que pasar para que se realizara la audiencia del martes pasado, donde estuvieron presentes la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el diputado Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados; la integrante del Consejo de la Magistratura Jimena de la Torre; y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff.
