El juez en lo contencioso administrativo federal, Martín Cormick, ordenó hoy al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, informar en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará el derecho a la alimentación de las personas que dependen de comedores populares.
El fallo señala: “Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”. Esta resolución se refiere a la medida cautelar emitida por el juez Walter Lara Correa, quien aceptó un recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para asegurar el derecho a la alimentación en los comedores.
El juez Lara Correa también ordenó al Ministerio de Capital Humano no modificar los planes y programas actuales, permitiendo al Poder Ejecutivo reestructurar y auditar estos programas siempre que se traduzcan en mejoras.
Desde el Gobierno, la resolución del juez Lara Correa fue vista como un reconocimiento al trabajo realizado por el Ministerio de Capital Humano. «Los argumentos por los cuales el juez hizo lugar a la medida podrían ser utilizados para rechazarla. Se validó la implementación actual de los planes y programas y se admite que las medidas tomadas por la gestión anterior deben ser revisadas, auditadas y reestructuradas, así como se reconoce la ejecución presupuestaria de los programas vigentes», declararon desde la cartera de Pettovello.
La semana pasada, Cormick habilitó la feria judicial para continuar con la causa y este lunes dio un plazo al Ministerio de Capital Humano. “En el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial”, sostuvo el magistrado en su primera decisión.
El conflicto comenzó a principios de año cuando las organizaciones denunciaron la discontinuidad en la entrega de alimentos a los comedores y merenderos, solicitando la continuidad de las políticas sociales. El caso se transformó en un amparo colectivo al que se invitó a otras organizaciones a sumarse.
Paralelamente, Juan Grabois inició una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Pettovello por no entregar alimentos. En esa investigación, se descubrió que el gobierno tenía casi 5 toneladas de comida almacenada en dos galpones en las provincias de Buenos Aires y Tucumán. El juez federal Sebastián Casanello ordenó la presentación de un plan para distribuir estos alimentos, muchos de los cuales estaban cerca de su fecha de vencimiento.
El fallo fue apelado por el Ministerio de Capital Humano y ratificado tanto por la Cámara Federal como por la Cámara Federal de Casación Penal, aunque el gobierno llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la distribución de alimentos es una decisión política que no debe ser judicializada.
