Por segunda vez desde que comenzó la gestión de Javier Milei, las cámaras empresarias y las centrales sindicales no lograron un acuerdo para elevar el Salario Mínimo Vital y Móvil, que es hoy de $234.000. Ante el fracaso de la reunión, el Gobierno, en su rol de mediador, suspendió la negociación. De no haber un trato, el Presidente está en condiciones de laudar y determinar por decreto el monto de la prestación, como lo hizo en febrero.
La reunión fue virtual en el marco del Consejo del Salario, en el que participan funcionarios de la Secretaría de Trabajo y los representantes de las principales cámaras empresarias y dirigentes de la CGT y las dos vertientes de la CTA.
La discución comenzó con una postura unificada por parte de las tres centrales sindicales: propusieron elevar el salario mínimo a $482.000 para julio y a $505 mil para agosto, lo que equivaldría un aumento del 116%. Ese incremento, argumentaron los gremios, conseguiría sacar al salario mínimo de la línea actual de indigencia.
Por su parte, el sector empresarial propuso aumentos escalonados sujetos a la inflación por lo que el salario mínimo se elevaría a los siguientes montos: $245.000 en julio, $253.000 en agosto, $259.000 en septiembre y $264.000 para octubre.
La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.
“Esto es una farsa que va en línea con la política de este gobierno que es sacrificar el salario, establecer una economía absolutamente detenida, sin avances. Pero no son efectos indeseados de las políticas del gobierno. El congelamiento de los salarios, tanto en sectores formales como informales, o de jubilados y jubiladas, es un efecto deseado, y de esa manera se logra una transferencia de ingresos desde los sectores más vulnerables hacia los sectores económicos más concentrados”, dijo Ricardo Peidro, referente de la CTA-Autónoma.
